El Gobierno aprueba cuatro decretos ley con medidas urgentes de carácter tributario y social, y por el ámbito cultural

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, que el Gobierno ha aprobado cuatro decretos ley que contienen medidas urgentes de carácter tributario, medidas de carácter social y medidas en el ámbito cultural. "Todo ello tiene una finalidad, hacer frente a la situación de crisis que estamos viviendo en el ámbito sanitario, económico y social y en nuestro país" dijo Budó.

En primer lugar, el Gobierno ha dado luz verde a un nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia fiscal con un doble objetivo: por un lado, dar respuesta a las dificultades económicas del sector del turismo en Cataluña como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia; y, por otro, proteger a los trabajadores con mayor precariedad laboral que este año se han tenido que acoger a un ERTE, se encuentran en paro o que han encadenado varios contratos para la actual situación provocada por la Covid-19. En este sentido, el Ejecutivo ha acordado un nuevo aplazamiento de la puesta en marcha del incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y ha aprobado una deducción autonómica en el IRPF para las rentas laborales / salariales más bajas, según explicó Budó.

La regulación actual del IRPF establece que no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que hayan percibido rendimientos íntegros del trabajo de un mismo pagador por importe inferior a 22.000 euros brutos anuales. En cambio, si los rendimientos de dos o más pagadores, la declaración deberá presentarse a partir de 14.000 euros brutos anuales recibidos. Es el caso de los trabajadores que, durante el 2020, habrán cobrado una parte del sueldo de su empresa y otra del Estado, en forma de prestaciones contributivas derivadas de situaciones de ERTE Covid-19 o la prestación correspondiente por haberse quedado en paro.

Para evitar que estos trabajadores se vean penalizados a la hora de hacer la declaración de la renta correspondiente al año 2020, el Gobierno ha creado una deducción autonómica del IRPF equivalente a la diferencia entre la cuota íntegra catalana y la cuota íntegra estatal, siempre que esta diferencia sea positiva. En otras palabras, la Generalitat dejará de cobrar el diferencial catalán. Budó explicó que esta medida "nace con la voluntad de mantenerse en el tiempo, podría beneficiar a unas 250.000 personas en Cataluña y que la pérdida de ingresos para la Generalitat en este sería de unos 16,3 millones de euros por el presupuesto del 2022".

En cuanto al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, se aplaza hasta el 1 de junio de 2021 la entrada en vigor del incremento de las tarifas y la aplicación del recargo en la ciudad de Barcelona, que debía entrar en vigor el pasado mes de julio de este año, pero que el Parlamento ya había validado posponer hasta el 1 de enero de 2021. la situación sanitaria hace difícil prever que los establecimientos turísticos funcionen con normalidad el mes de enero, por lo que el Gobierno ha decidido aprobar un nuevo aplazamiento de dichos incrementos. El impacto en la recaudación de esta medida supone una pérdida adicional de 2,9 millones de euros con relación a la situación vigente.

Decreto ley para incrementar la protección de los colectivos más vulnerables ante los desahucios

Un segundo decreto ley, que se ha aprobado, refuerza la protección de los colectivos más vulnerables ante posibles desahucios mientras dure el estado de alarma o esté en vigor cualquier otra restricción de movilidad por motivos sanitarios, ha explicado la portavoz del Gobierno . "Así, las ejecuciones de los desahucios quedarán explícitamente suspendidas hasta que el gran tenedor o la entidad financiera propietaria de la vivienda ofrezca el alquiler social a que está obligado por la ley, que ya establece la obligación de ofrecer alquiler social antes de instar a un desahucio "dijo Budó.

El decreto ley aprobado hoy, que el Parlamento deberá convalidar, modifica algunos preceptos de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Aquella ley establecía medidas para evitar los desahucios a las personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia, cuando se encuentren en una situación de riesgo de exclusión. Entre aquellas medidas destaca la obligación de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago del alquiler.

Posteriormente, el Decreto ley 17/2019 amplió la obligación de ofrecer un alquiler social antes de instar a un desahucio a los casos de vencimiento de la duración del contrato de alquiler y también a las personas que ocupaban un piso sin título habilitante y que cumplían los requisitos establecidos. La situación de vulnerabilidad de las personas o familias en riesgo de exclusión residencial se agrava cuando se incumple la obligación legal de formular una propuesta de alquiler social. La situación se vuelve particularmente grave en el contexto actual de las restricciones a la movilidad establecidas para luchar contra la Covid-19. El decreto ley aprobado hoy quiere asegurar que las personas en riesgo de exclusión residencial puedan permanecer en su domicilio mientras dure el estado de alarma. El decreto ley no afecta a los inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores.

La prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin vivienda alternativa se prolongará durante la vigencia del estado de alarma o de una medida que comporte restricciones a la libertad de circulación por razones sanitarias. Esta situación de vulnerabilidad debe estar acreditada por los servicios sociales correspondientes. Es, pues, una medida de protección con un plazo más amplio que el previsto en el Real Decreto Ley 30/2020, aprobado por el Estado. En esta línea, la consejera Budó ha hecho un llamamiento al gobierno español "para que vaya más allá de las medidas que ha adoptado hasta ahora". En este sentido, la consejera ha puesto de ejemplo el ámbito de los desahucios en el que "el gobierno español puede, como ya hizo durante el primer estado de alarma, suspender la ejecución de los desahucios mientras dure el nuevo estado de alarma, es decir durante seis meses, o puede transferir si así lo quiere esta competencia para que el Gobierno de Cataluña lo pueda hacer".

102,6 millones de euros a medidas sociales

El tercer decreto ley que el Gobierno ha aprobado hoy establece nuevas medidas extraordinarias de carácter social por valor global de 102,6 millones de euros, que "tienen como finalidad reforzar el sistema de los servicios sociales y la atención a diversos colectivos profesionales especialmente afectados por la crisis sanitaria "dijo Budó.

El Ejecutivo destina 35 millones de euros a una subida de tarifas para los sectores de la tercera edad, la discapacidad y la infancia, que se desglosa de la siguiente manera: 20 millones para la tercera edad, 7,5 millones para discapacidad y 7,5 millones para infancia. Se trata del cumplimiento del compromiso político asumido con la tramitación de la ley de presupuestos de 2020 para las plazas públicas del sistema de servicios sociales y tendrá efectos retroactivos desde enero.

El crecimiento de tarifas oscila entre el 1,2% y el 6,8% del precio actual y debe revertir necesariamente -así consta en el decreto de Gobierno- en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y en la calidad asistencial a los usuarios. En el caso de infancia, además de 7,5 millones de euros para tarifas, también se prevén 3,5 millones de euros para pagar sobrecostes que han tenido las entidades de infancia por la Covid-19. Será una compensación temporal y extraordinaria para las entidades de infancia en un sector que, a pesar de no haber recibido el impacto de la pandemia con tanta fuerza como otros colectivos, ha hecho y continúa haciendo un sobreesfuerzo para la gestión emocional y la calidad de vida de niños y adolescentes acogidos.

También se crea una ayuda extraordinaria para las familias acogedoras, (extensa o ajena,) de menores de edad tutelados por la Generalidad. Se trata de un complemento de 100 euros por acogimientos realizados entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, independientemente de la duración.

El decreto ley también tiene medidas para favorecer los autónomos, que representarán unos 20 millones de euros adicionales a este colectivo. Hasta 10.000 autónomos podrán beneficiarse de una ayuda de 2.000 euros en un pago único para favorecer el mantenimiento de la actividad económica, siempre que estén dados de alta del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o a mutualidades alternativas, ya desarrollen su actividad como persona física o con una empresa con personalidad jurídica y que cumplan los siguientes requisitos económicos: la base imponible de la última declaración del IRPF debe ser igual o inferior a 35.000 euros, y el rendimiento neto de la actividad de los tres primeros trimestres de 2020 no debe superar el importe de 13.125 euros.

Por otra parte, en este decreto ley de medidas sociales se incluye una nueva línea de ayudas a profesionales y técnicos de las artes escénicas, visuales, música y audiovisual y otras actividades culturales suspendidas por la crisis sanitaria por valor de 3,6 millones de €. Se podrán acoger a esta ayuda de 750 euros aquellos que hayan tenido ingresos hasta 18.555 euros entre enero y septiembre.

También se ha aprobado un refuerzo de 40,5 millones de euros para hacer frente al aumento de solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El Gobierno también ha tomado medidas en relación con la atención a los colectivos vulnerables como la flexibilización de los mecanismos de anticipo y justificación de los ámbitos de los centros especial de trabajo de personas con discapacidad para agilizar su financiación; la prórroga de la ejecución de actuaciones en materia de refuerzo social y educativo para población en zonas de alta inmigración y la habilitación por el 2021 de ayudas a contratación de las profesionales del hogar y la flexibilización en los períodos de ejecución de determinados programas de violencia machista para ajustar su desarrollo a la realidad Covid-19.

8,4 millones destinados al mundo cultural para paliar los efectos de la pandemia

La consejera Budó explicó que el cuarto decreto ley aprobado hoy adopta medidas en el ámbito cultural para dar respuesta a las últimas medidas urgentes adoptadas para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 han supuesto la suspensión del apertura al público de las actividades culturales de artes escénicas y musicales, tales como teatros, cines, auditorios o similares, tanto en recintos cerrados como al aire libre. 

La portavoz del Gobierno ha recordado que el Ejecutivo declaró el 22 de septiembre que la cultura constituye un bien esencial para el desarrollo integral de la personalidad individual y colectiva. "Una declaración que forma parte de un plan para preservar la cultura ante nuevas restricciones y establecer una serie de acciones que den cobertura a los derechos culturales de los ciudadanos y en las industrias y los sectores creativos" dijo Budó. Por ello, "hay que tomar medidas urgentes para garantizar la pervivencia de la propia cultura y de sus agentes" ha dicho la consejera.

En este sentido, se abren dos líneas de subvenciones para personas, empresas y entidades del sector cultural afectadas especialmente por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. El Gobierno de la Generalitat ha aprobado un primer paquete de ayudas destinadas al mundo cultural, con un importe total de 8,4 millones de euros, que han de aplicarse de forma urgente para evitar que el sistema cultural de nuestro país entre en quiebra y pueda continuar trabajando para construir una sociedad sólida y cohesionada tanto social como territorial.

La primera línea de subvenciones, del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, tiene por objeto compensar los gastos de funcionamiento de las empresas y entidades culturales durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia, en la medida que ha provocado perjuicios económicos a los destinatarios. Se destinarán 4,7 millones de euros. Pueden optar a estas subvenciones las empresas, ya sean personas físicas como jurídicas, y las entidades privadas sin ánimo de lucro con domicilio social en Cataluña que realicen alguna de las actividades económicas en el ámbito audiovisual, distribuidoras independientes, y en el ámbito de la música. La otra línea de subvenciones, de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, tiene por objeto compensar las pérdidas por la cancelación de espectáculos y actividades culturales con motivo de la crisis sanitaria mencionada. Tiene un presupuesto de 3'7 millones de euros, y destinado a trabajadores autónomos, sociedades civiles y mercantiles, entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen todas ellas actividades profesionales artísticas.

Budó: "Esta batería de medidas es ejemplo del esfuerzo central que este Gobierno está llevando a cabo para paliar los efectos negativos de la pandemia".

Durante la rueda de prensa, la consellera ha explicado que "esta batería de medidas es ejemplo del esfuerzo central que esta Gobierno está llevando a cabo para paliar los efectos negativos de la pandemia y de las medidas que hemos dictado para hacerlo frente ". Por Budó, "las medidas duras que el Gobierno ha decretado" están dando resultado y lo demuestran los indicadores sanitarios y por tanto las calificó de "medidas útiles". "El sacrificio y el esfuerzo que pedimos a la ciudadanía no es gratuito, sino que debe servir y sirve para contener la pandemia y reducir su expansión" dijo Budó que ha agradecido una vez más la actitud cívica y positiva de la ciudadanía.

"El Gobierno no sólo decreta medidas para contener la Covid-19 sino que, como decía, trabajamos incansablemente para aprobar medidas que ayuden a paliar también los efectos negativos sobre el tejido económico y productivo, también en el ámbito social y en el ámbito sanitario de nuestro país "remachó Budó. La consellera ha asegurado que ahora es el momento de tomar estas medidas porque "después de la pandemia sería demasiado tarde y costaría más recuperar la normalidad".

Otros Acuerdos  

El Gobierno ha dado luz verde a la consulta pública previa al desarrollo reglamentario de la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Según la disposición quinta de la misma Ley, el Gobierno aprobará un reglamento para desplegarla. La consulta pública aprobada hoy tiene el objetivo de abrir un canal de participación para que los agentes de la cadena alimentaria y la ciudadanía puedan hacer llegar sus aportaciones en relación con las cuestiones sobre las que tiene previsto pronunciarse el reglamento.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado destinar 15,3 millones de euros a Idiada para la construcción de pistas de pruebas e instalaciones para vehículos conectados y autónomos. Esta subvención directa, concedida por el Departamento de Empresa y Conocimiento a través de Avançsa, tiene por objetivo que la empresa mantenga su competitividad en el desarrollo de sistemas avanzados hacia la conducción autónoma.

También se ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para la reactivación industrial post-Covid-19 con un presupuesto de más de 9 millones de euros. El Departamento de Empresa y Conocimiento, a través de Avançsa (Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña SA), pone en marcha esta nueva línea de préstamos participativos para empresas catalanas que tengan que desarrollar un plan de viabilidad.

El Gobierno ha acordado destinar 11,6 millones de euros al desarrollo de dos programas de mejora del empleo y el desarrollo local. Esta inversión se distribuirá hasta 2022 a través del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) y del Programa Trabajo y Formación, impulsados ​​por el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC).

En concreto, el Gobierno destinará un total de 7,8 millones euros a la contratación de unos 250 profesionales encargados del desarrollo del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). La finalidad de este programa es la puesta en marcha, en cooperación con otros organismos y entidades, de proyectos en todo el país que favorezcan la dinamización social y económica del territorio donde se desarrollen.

En paralelo, el Gobierno también destinará 3,8 millones de euros a la formación y contratación de unas 200 personas a través de la línea ACOL del Programa de Trabajo y Formación. Esta iniciativa permite la inserción laboral de las personas con una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social. Se da cumplimiento así a la Estrategia Catalana para el Empleo 2012-2020 que considera prioritario mejorar la empleabilidad de las personas con especiales dificultades de integración y paliar las consecuencias asociadas a la no ocupación.